Nuevo varapalo a Marlaska: la Justicia tumba cuatro condecoraciones a policías por no respetar la ley

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo acaba de asestar otro varapalo a la forma de gestionar el Ministerio del responsable de Interior, Marlaska: le tumba cuatro condecoraciones concedidas a policías por no respetar la ley. El sindicato policial CEP lleva tiempo cargando contra el trato arbitrario del Ministerio.

Las medallas en cuestión fueron concedidas por “orden del ministro del Interior”, y supusieron “el ingreso en la Orden del Mérito Policial, a funcionarios de la Policía Nacional, Cuerpos Generales de la Administración del Estado y Personal Laboral destinados en la Dirección General de la Policía” de dos agentes: “medalla de plata al mérito policial: comisarios principales, D. Héctor Moreno García y D. Francisco Rodríguez López». Otras dos, también tumbadas ahora por la Justicia, fueron concedidas por “orden del ministro del Interior” y suponían el “ingreso en la Orden del Mérito Policial, a miembros jubilados de la Policía Nacional, respecto a las dos condecoraciones […] medalla de plata al mérito policial: Comisarios Principales, D. Javier Migueláñez Valero y José María Moreno Moreno.

La Unión Federal de Policía (UFP), la Confederación Española de Policía (CEP) y el sindicato Jupol, reclamaron de inmediato que el ministro Marlaska se había saltado “el procedimiento legalmente establecido al no conceder audiencia en el procedimiento de concesión a los sindicatos representativos, lo que ha causado vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical”.

La CEP ha señalado a OKDIARIO que, además, “se están utilizando estas condecoraciones para que sus beneficiarios obtengan de un modo indirecto un incremento de su pensión, que se verá aumentada en un 15 por ciento sobre las retribuciones básicas” y con ello se premia “a personas que no han intervenido directamente en operaciones de riesgo”, lo que “causa malestar en el conjunto del cuerpo, pues entienden que los méritos de los elegidos en ningún caso irían ligados a hechos concretos, sino más bien a recompensar la trayectoria”.

Las asociaciones, además, destacan que que “los recompensados han obtenido condecoraciones por su trayectoria profesional en periodos inferiores a diez años, entre ellas, lo que supondría que por la misma trayectoria se estuviera recompensando varias veces”.

La Justicia, efectivamente, ha reconocido “un vicio formal al no conceder la audiencia preceptiva a las organizaciones sindicales”. Porque “la regla general en cualquier procedimiento administrativo exige conceder el trámite de audiencia a los interesados antes de dictar la oportuna resolución, a fin de que conozcan los detalles de su instrucción y puedan formular sus alegaciones”. Y porque “la vulneración del trámite de audiencia es tan grave, que la jurisprudencia la hace equivaler a la omisión del procedimiento, por ser el acto constitucionalmente más relevante de la tramitación”, añade la sentencia.

Condecoraciones

Por ello, la Justicia ha estimado el recurso contencioso-administrativo promovido contra las condecoraciones de Marlaska “por no ser conformes a Derecho”. Además, se ha “condenado en costas a la Administración demandada”.

Se trata de un nuevo golpe a la forma de actuar arbitraria de Marlaska con los policías. Hay que recordar que su director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras está siendo investigado por la Justicia, de nuevo, por nombramientos discrecionales en mandos clave de la Policía. El Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ha iniciado ya diligencias previas de investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa contra Pardo Piqueras; Luis Carrión, Jefe de la División de Personal de dicho Cuerpo; José Ángel Sáez, Comisario Jefe Provincial de Vitoria; y dos ex comisarios Jefes de dicha Comisaría.

El 11 de abril de 2022, el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, dictó un auto en el seno de las Diligencias Previas no 499/2022-C, por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa contra el director general de la Policía y tres comisarios de Vitoria. Dicho procedimiento tiene su origen en la querella presentada por el sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP).

La querella

La querella firmada por dos abogados del despacho Matilla y Blay Asociados, relata que los responsables del Cuerpo Nacional de Policía en la Comisaría Provincial de Vitoria de manera supuestamente fraudulenta, “sin concurrir los requisitos legales oportunos y sin convocatoria previa ni procedimiento administrativo alguno y constituirían una manifiesta y constante situación de oscurantismo y arbitrariedad en materia de personal, en tanto que instituyen mediante Comisiones de servicios, vulnerando palmariamente el principio de legalidad para adjudicar puestos de trabajo a personas sin que concurran los requisitos reglamentados oportunos”, según la denuncia.

La querella acusa, de hecho, a los mandos policiales de hacerlo evadiendo “los controles legales” y “obedeciendo la determinación y adscripción de los puestos de trabajo, siempre, al interés personal y alejados, en todo caso, del interés general y de los principios constitucionales”. Según ASP, “tal proceder se habría creado y se lleva a cabo, presuntamente, con la finalidad unívoca de favorecer y promover la arbitrariedad a la hora de proponer, nombrar y/o dar posesión de puestos de trabajo, pues todo transcurriría sin transparencia y sin base legal para ello pues incumple frontalmente con nuestro ordenamiento jurídico, vulnerando entre otros, derechos fundamentales recogidos en nuestra Carta Magna”.